Comentario
Frente al Antiguo Régimen y como consecuencia de la Revolución, se configurarían unas nuevas formas que darían lugar al llamado Nuevo Régimen. Esas nuevas formas no se impusieron ni triunfaron de una manera inmediata, sino que fueron asentándose, no sin una enorme resistencia por parte de las viejas estructuras que pugnarían tenazmente por su supervivencia. Sin embargo, al final acabarían por prevalecer.
En el plano político, la Revolución dio a entender que un sistema monárquico en el que el rey legisle, juzgue y gobierne, es injusto. Hacía falta introducir un contrapeso a este formidable poder. La idea de los contrapesos nació con Montesquieu, quien propuso la separación de las tres formas de poder: el de hacer las leyes; el de hacer ejecutar esas leyes y el de poder juzgar si esas leyes han sido, o no, cumplidas. Son, en suma, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Las ideas de Montesquieu, que calaron mucho en España, serían la base del establecimiento de un nuevo sistema político en el que el poder del rey se veía limitado y controlado. Frente a la Monarquía absoluta, triunfaría la Monarquía liberal, constitucional o parlamentaria.
En el aspecto social, lo que, al menos teóricamente, aporta el Nuevo Régimen es la desaparición de los privilegios y la igualación de los grupos sociales, tanto en el plano legislativo, como en el plano fiscal. Las bases de esa nueva sociedad se sustentarían en los principios de libertad, igualdad y propiedad. Sin embargo, en la práctica, lo que siguió a la Revolución fue el ascenso y el dominio de la burguesía. En efecto, teóricamente se tiende a la ruptura de la sociedad estamental y a la configuración de una clase única; en la práctica, se llegó a sustituir a los estamentos por clases que estaban definidas por dos cuestiones: el nivel económico y el nivel intelectual.
En el terreno económico, la Revolución rompió con todas las trabas y los controles existentes hasta entonces e impuso una libertad en la producción, en el comercio y en las relaciones laborales. Se abolieron los gremios y se aprobaron una serie de leyes tendentes a eliminar todos los obstáculos que impedían o dificultaban la libertad de iniciativa en el desarrollo de las actividades económicas. En este sentido, cabe destacar la enorme trascendencia que tendrían las grandes desamortizaciones de los bienes eclesiásticos y civiles que servirían para impulsar la economía española, al facilitar el paso a la propiedad privada y libre de los bienes que hasta entonces habían estado vinculados a la Iglesia o a los Ayuntamientos. Así pues, en lo económico, la crisis del Antiguo Régimen presencia la transición de una economía de tipo feudal a una economía capitalista en la que prevalecerá el concepto de libertad individual y de propiedad sobre la idea del Estado como conductor y protector de las actividades productivas.
Naturalmente, estas transformaciones no se producen súbitamente. Su implantación tiene lugar mediante un proceso no exento de tensiones, e incluso de violencias, en el que las nuevas corrientes tratan de vencer la resistencia que ofrecen las viejas estructuras. Todo ello da lugar durante estos años del reinado de Fernando VII a una serie de vaivenes en los que en unas ocasiones se impone lo viejo y en otras, lo nuevo, y que nos permiten periodificar con cierta claridad la etapa inicial de nuestra Historia Contemporánea.